Objetivos de la nueva ley del canal de denuncias (texto de ejemplo)

La reciente ley del canal de denuncias comparte los mismos propósitos que la Directiva Whistleblowing; asegurar una protección adecuada para quienes decidan dar el paso y denunciar actividades ilícitas o violaciones dentro de las organizaciones, ya sean estas empresas privadas u organismos públicos. Además, busca garantizar que estos individuos no sufran represalias, tales como despidos, falta de ascensos o degradación, entre otras medidas que estipula el artículo 36 de la Ley.

El artículo 37 también incorpora una serie de medidas de apoyo específicas para los informantes, como, por ejemplo, asesoramiento completo y gratuito, así como respaldo financiero y emocional.

A través de este enfoque, se pretende fomentar la denuncia interna mediante los canales de denuncias, lo cual a largo plazo contribuirá a prevenir la comisión de delitos o infracciones en el seno de las organizaciones y fomentará una cultura ética en las mismas.

Con tal fin, la Ley establece la creación e implementación de un canal de denuncias dentro de las organizaciones, asegurando tanto la gestión adecuada de las denuncias recibidas como la salvaguardia de los informantes ante posibles represalias. La normativa también contempla la formación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que estará adscrita al Ministerio de Justicia y desempeñará las funciones de un canal de denuncias externo, además de supervisar los sistemas internos de información de las organizaciones, entre otras responsabilidades.

En cuanto a los asuntos que se pueden denunciar a través de los sistemas internos de información, la ley del canal de denuncias detalla lo siguiente:

Cualquier acción u omisión que pueda conllevar una infracción del Derecho de la Unión Europea, aquellas enumeradas en el anexo de la Directiva Whistleblowing, las que afecten los intereses financieros de la Unión Europea y las que tengan impacto en el mercado interno.

Acciones u omisiones que podrían constituir infracciones penales o administrativas graves o muy graves.